El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), implementado por el Gobierno argentino hace ya ocho meses, ha logrado atraer inversiones por un total de 11.593 millones de dólares, concentrándose predominantemente en los sectores de energía y minería. Según un informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, el 55% de estas inversiones se destinan al sector energético, el 42% a la minería y solo un 3% a la siderurgia.

El RIGI fue establecido con el objetivo de fomentar grandes inversiones nacionales y extranjeras a largo plazo, ofreciendo beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa y protección contra abusos del Estado.
Desde su aprobación el 28 de junio de 2023, se han recibido diez solicitudes de inversión bajo este régimen. Un proyecto destacado es el oleoducto Vaca Muerta Sur, liderado por YPF en consorcio con empresas como Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell.
El informe también resalta que el 42% de las inversiones provienen exclusivamente del extranjero, mientras que el 53% tiene origen mixto y solo el 4% son de origen local. En cuanto a la distribución geográfica, las regiones del NOA (Salta y Catamarca), Cuyo (Mendoza y San Juan) y Centro (provincia de Buenos Aires) han recibido tres proyectos cada una, mientras que la Patagonia (Río Negro y Neuquén) ha captado dos.
La petrolera YPF se destaca como líder en presentaciones de inversiones, con proyectos como el Oleoducto Vaca Muerta, un buque de licuefacción de gas natural, el consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el parque solar “El Quemado”.
Por su parte, dentro del sector minero, el 75% de las inversiones se concentran en litio, el 20% en oro y el 5% en cobre.

El éxito inicial del RIGI en atraer inversiones significativas en energía y minería es un paso positivo para la economía argentina. No obstante, la diversificación sectorial y la inclusión de inversiones en áreas como tecnología, infraestructura y manufactura serán esenciales para garantizar un crecimiento económico sostenible y equitativo en el largo plazo.