La Primera Cumbre Intercultural Andina generó controversia al difundir acusaciones infundadas contra la industria del litio, señalando un supuesto impacto negativo en los recursos hídricos de la región. Sin embargo, estas denuncias no solo carecen de sustento, sino que omiten datos claves sobre el desarrollo minero en Jujuy y sus beneficios para las comunidades locales.
Uno de los principales reclamos de la cumbre fue la escasez de agua en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, atribuyéndola a la actividad del litio. No obstante, en estas zonas no hay producción de litio, solo exploración con un uso mínimo de agua. La verdadera producción ocurre en la Cuenca Olaroz-Cauchari, donde desde 1997 funcionan proyectos mineros con estrictos controles ambientales y la participación de las comunidades.
Lejos de perjudicar a los habitantes, la industria del litio ha generado beneficios tangibles. En Lipán, por ejemplo, la minería permitió la instalación de una red de agua potable, mejorando la calidad de vida de la población. Además, los proyectos en marcha cuentan con la validación de comunidades como Susques, Olaroz Chico y Pastos Chicos, las cuales participan activamente en las decisiones y reciben compensaciones económicas y mejoras en infraestructura.
Los controles estatales desmienten otro de los reclamos de la cumbre: la supuesta ausencia de regulación. El gobierno provincial supervisa la actividad a través de la Secretaría de Minería, el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Recursos Hídricos, entre otros organismos.
Las acusaciones contra la minería del litio ignoran la realidad. La industria opera con regulaciones estrictas, genera desarrollo económico y mejora la infraestructura de las comunidades, que en su mayoría apoyan estos proyectos.
